Ya sólo quedan 2 meses para que finalice el plazo que tienen las empresas de más de 50 trabajadores para tener instaurado el famoso sistema de denuncias internas (Ley 3/2023).
De no tenerlo implementado en diciembre de este año, las empresas pueden verse sancionadas con multas de una muy elevada cuantía que pueden alcanzar hasta el millón de euros.
Pero la elevada multa no es realmente la razón básica para tomar la iniciativa de implementar el sistema y la política de denuncias, sino que los mismos pueden ser un medio importante para la prevención de infracciones dentro de las empresas y de protección frente eventuales responsabilidades.
La regulación tiene por objetivo instaurar una cultura del cumplimiento, facilitando en el seno de las empresas la comunicación de infracciones y la protección a los informantes.
Tener un enfoque práctico en la instauración de este tipo de políticas es esencial porque empezamos a tener en nuestra legislación una amplia panoplia de políticas, protocolos, planes, códigos y procedimientos que las empresas tienen que implantar en relación con sus plantillas relativas a igualdad, no discriminación, acoso, violencia sexual, uso de herramientas digitales, registro de jornada, desconexión digital, etc.
La coordinación e implementación de todas ellas, se ha convertido en un objetivo principal de las empresas.
